En una histórica opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que todos los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a abordar el cambio climático y proteger el medio ambiente.
El tribunal declaró que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir el daño climático podría violar el derecho internacional y abrir la puerta para que los países sean responsables de daños y reparaciones. Esta decisión histórica afirma que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, y que los principales contaminantes pueden ser obligados a compensar a las naciones vulnerables que sufren impactos climáticos. Aunque la opinión no es legalmente vinculante, establece un precedente poderoso y aumenta la presión sobre los gobiernos de todo el mundo para tomar medidas urgentes sobre el cambio climático.
El caso fue iniciado por la nación del Pacífico de Vanuatu, destacando la creciente influencia de las comunidades afectadas por el clima y los activistas juveniles en la configuración de la justicia climática global.
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