En una histórica y amplia opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, ha dictaminado que todos los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a abordar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La corte encontró que no actuar sobre el cambio climático constituye una violación del derecho internacional, y que los países, especialmente los ricos y los principales contaminantes, podrían ser considerados financieramente responsables por los daños causados a las naciones vulnerables. El fallo afirma que un ambiente saludable es un derecho humano y abre la puerta para que los países se demanden mutuamente por daños climáticos y busquen reparaciones. Se espera que esta decisión histórica influya en la litigación climática global, fortalezca los esfuerzos de justicia climática y aumente la presión sobre los gobiernos para cumplir con sus compromisos climáticos.
El caso fue impulsado por naciones de las Islas del Pacífico, especialmente Vanuatu, y es considerado una gran victoria para los defensores del clima y los activistas juveniles en todo el mundo.
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