En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a tomar medidas contundentes contra el cambio climático.
La corte determinó que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente podría constituir una violación del derecho internacional, abriendo la puerta para que las naciones afectadas busquen reparaciones de los principales contaminadores. Esta opinión consultiva histórica afirma que un ambiente saludable es un derecho humano y que los países ricos y de altas emisiones pueden ser considerados financieramente responsables por los daños climáticos. Se espera que la decisión influya en la litigación climática global y aumente la presión sobre los gobiernos y las industrias de combustibles fósiles para acelerar la acción climática.
El caso fue iniciado por naciones de las Islas del Pacífico, resaltando la amenaza urgente y existencial que el cambio climático representa para las comunidades vulnerables en todo el mundo.
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