Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero.
Los activistas son acusados de subversión y crímenes de seguridad nacional, en gran parte debido a su participación en un grupo de 'Parlamento de Hong Kong' en el extranjero. La medida ha recibido fuertes condenas del Reino Unido y otros países, que acusan a Hong Kong y China de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la libertad de expresión y la participación política de los hongkoneses en todo el mundo.
La controversia destaca las crecientes tensiones entre el gobierno de Hong Kong y la comunidad internacional en relación con los derechos humanos y las libertades políticas.
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