Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero.
Se acusa a los activistas de subversión y de participar en un grupo no oficial de 'Parlamento de Hong Kong', que realizaba encuestas en línea para promover ideales democráticos. La medida ha sido ampliamente condenada por el Reino Unido y otros gobiernos occidentales como un acto de represión transnacional y una violación de las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que Hong Kong, bajo la influencia de Beijing, está extendiendo su represión contra la disidencia más allá de sus fronteras, poniendo en peligro la seguridad y los derechos de los activistas exiliados.
La controversia ha aumentado las tensiones entre Hong Kong y los países que albergan a estos activistas, especialmente el Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos.
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