Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, incluidos ciudadanos del Reino Unido, Australia y Canadá. Los activistas son acusados de subversión y de estar involucrados en el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que aboga por reformas democráticas.
Los gobiernos occidentales, especialmente el del Reino Unido, han condenado enérgicamente la medida, calificándola como un ejemplo de represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Las autoridades de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas.
El incidente ha intensificado las preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong y su impacto en la libertad de expresión y el activismo político a nivel mundial.
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