Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional.
Muchos de los objetivos están basados en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, y están vinculados al grupo 'Parlamento de Hong Kong', que realizó encuestas no oficiales para promover ideales democráticos. La medida ha recibido una fuerte condena por parte de los gobiernos occidentales, especialmente el Reino Unido, que calificó las recompensas como represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Las autoridades de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como sesgadas y falsas.
El incidente destaca las crecientes tensiones sobre la represión de la disidencia en Hong Kong y sus esfuerzos por perseguir a activistas más allá de sus fronteras.
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