Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional.
Muchos de los individuos señalados están basados en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, y están vinculados al 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido fuertes condenas por parte de los gobiernos occidentales, especialmente el Reino Unido, que calificó las recompensas como represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas, insistiendo en que las acciones son necesarias para la seguridad nacional.
El incidente destaca las tensiones crecientes entre China y las naciones occidentales sobre los derechos humanos y el alcance de las leyes de seguridad de Hong Kong más allá de sus fronteras.
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