Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional.
Muchos de los objetivos están basados en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, y están vinculados al grupo 'Parlamento de Hong Kong', que aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido una fuerte condena por parte de los gobiernos occidentales, especialmente el Reino Unido, que la calificó como un ejemplo de represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como sesgadas y falsas.
Las recompensas resaltan los crecientes esfuerzos de Hong Kong por perseguir a disidentes más allá de sus fronteras, generando preocupaciones sobre la libertad de expresión y las libertades políticas a nivel mundial.
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