Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y vínculos con el grupo no oficial 'Parlamento de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena del Reino Unido, EE.
UU., Australia y otras naciones occidentales, que la consideran un ejemplo de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales. Muchos de los activistas señalados residen en países como el Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia, y algunos son ciudadanos de estas naciones. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong socavan la libertad de expresión y la participación política en el extranjero, escalando las tensiones entre Beijing y los gobiernos occidentales.
Las recompensas, de hasta HK$1 millón cada una, son las más grandes hasta ahora bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en Hong Kong.
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