Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Las recompensas, que ofrecen importantes recompensas en efectivo por información que conduzca al arresto de los activistas, apuntan a individuos que residen en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Los gobiernos occidentales han calificado la acción como un ataque a la libertad de expresión y la participación política, prometiendo apoyar a los afectados.
Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y falsas, escalando las tensiones diplomáticas.
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