Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional.
Los individuos señalados, muchos de los cuales residen en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá, están vinculados al grupo no oficial 'Parlamento de Hong Kong'. Los gobiernos occidentales, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, han condenado enérgicamente la medida, calificándola como un acto de represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Los críticos argumentan que Hong Kong, bajo la influencia de Beijing, está extendiendo su represión a la disidencia más allá de sus fronteras, amenazando la libertad de expresión y la participación política a nivel mundial.
Las recompensas han provocado tensiones diplomáticas y renovadas preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de China.
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