Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida apunta a activistas que residen en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, provocando una fuerte condena de los gobiernos occidentales que lo consideran un acto de represión transnacional.
Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong socavan las normas legales internacionales y amenazan los derechos de libertad de expresión y participación política más allá de sus fronteras.
Las recompensas, algunas tan altas como HK$1 millón, se ven como una escalada en la represión de Pekín contra la disidencia, incluso fuera de su jurisdicción. Los funcionarios occidentales han prometido apoyar a los activistas señalados y han denunciado las recompensas como una interferencia inaceptable.
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