Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida, que apunta a individuos en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, ha recibido una fuerte condena por parte de los gobiernos occidentales, quienes la consideran un acto de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales y la soberanía. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong son un intento de silenciar la disidencia e intimidar a los activistas incluso fuera de sus fronteras. Las recompensas, algunas tan altas como HK$1 millón, han sido ampliamente condenadas por socavar la libertad de expresión y de reunión. Beijing y los funcionarios de Hong Kong han desestimado las críticas como parciales y falsas, escalando las tensiones diplomáticas.
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