Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Los activistas, muchos de los cuales son ciudadanos o residentes de países occidentales, están siendo atacados por su defensa de la democracia y la libertad de expresión. Los gobiernos occidentales argumentan que estas acciones amenazan su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos.
Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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