Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de participar en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. Esta acción ha generado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Muchos de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre la soberanía estatal y la seguridad de los exiliados políticos. Los críticos argumentan que estas acciones forman parte de una amplia represión contra la disidencia y la libertad de expresión tras la imposición de la ley de seguridad nacional de Hong Kong.
Los gobiernos afectados han prometido apoyar a los activistas y han instado a China a detener su persecución extraterritorial de disidentes.
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