Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional por su participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Varios de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de estos países, lo que plantea preocupaciones sobre la soberanía estatal y la seguridad de sus nacionales. Los críticos argumentan que las recompensas son un intento de silenciar la disidencia e intimidar a los hongkoneses en el extranjero.
Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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