Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión por su participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado condenas internacionales del Reino Unido, EE.
UU., Canadá y Australia, quienes denuncian las recompensas como represión transnacional y una violación de la libertad de expresión. Varios de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que ha escalado las tensiones diplomáticas. Funcionarios de Hong Kong y Beijing defienden las acciones como aplicación legal de la ley de seguridad nacional, mientras que críticos argumentan que socava las normas legales internacionales y amenaza la soberanía estatal.
El episodio destaca las crecientes preocupaciones sobre el alcance extraterritorial de China y la erosión de las libertades políticas en Hong Kong.
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