Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión por su participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado condenas internacionales del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes denuncian las recompensas como represión transnacional y una violación de la libre expresión. Varios de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que ha escalado las tensiones diplomáticas.
Funcionarios de Hong Kong y Beijing han defendido la acción, desestimando las críticas extranjeras como interferencia.
La represión destaca el impacto de gran alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong y la continua erosión de las libertades políticas en la ciudad.
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