Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes ven las recompensas como un ejemplo de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales.
Varios de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance extraterritorial de la ley de seguridad nacional de Hong Kong. Los críticos argumentan que estas acciones socavan la libre expresión y la soberanía estatal, mientras que funcionarios de Hong Kong y China defienden las medidas como una aplicación legal.
La controversia destaca las tensiones crecientes entre China y las democracias occidentales sobre los derechos humanos y las libertades políticas en Hong Kong.
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