Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes ven las recompensas como un ejemplo alarmante de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales.
Muchos de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance extraterritorial de la ley de seguridad nacional de Hong Kong. Los críticos argumentan que estas acciones están diseñadas para intimidar a los activistas y suprimir la disidencia más allá de las fronteras de Hong Kong.
Los gobiernos de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y han defendido la legalidad de sus acciones.
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