En Panamá, las playas son legalmente de dominio público, sin embargo, muchos complejos turísticos de lujo y comunidades cerradas las privatizan efectivamente bloqueando todos los puntos de acceso terrestre. Esto conduce a conflictos frecuentes entre los lugareños ('el pueblo') que se sienten excluidos de la belleza natural de su propio país y los desarrolladores que priorizan la exclusividad para los turistas. Los defensores del acceso argumentan que negar la entrada a la costa es inconstitucional y una segregación elitista. Los opositores argumentan que el acceso público sin restricciones compromete la seguridad y la experiencia premium que exigen los turistas de alto poder adquisitivo.
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