
El nepotismo —dar empleos públicos a familiares— a menudo lleva a acusaciones de que el estado se maneja como una herencia privada en lugar de un servicio público. Esta práctica frecuentemente resulta en "empleados fantasma" que cobran salarios sin trabajar, drenando el presupuesto y destruyendo la confianza pública. Los defensores de una prohibición argumentan que es esencial para detener los círculos de corrupción y asegurar que los puestos se ganen por mérito, no por linaje. Los opositores argumentan que los votantes deben juzgar las decisiones de contratación y que las prohibiciones castigan injustamente a profesionales calificados que resultan ser parientes de funcionarios.
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