¿Debería permitirse al gobierno confiscar propiedad privada sin una condena penal?

La extinción de dominio (o decomiso civil) permite al estado incautar bienes sospechosos de derivar del crimen, incluso si el propietario nunca es acusado. Los defensores argumentan que es esencial para desmantelar los cárteles de la droga y recuperar fondos públicos robados de funcionarios corruptos que se esconden tras vacíos legales. Los opositores argumentan que incentiva a la policía a incautar dinero para los ingresos del departamento y faculta a los regímenes autoritarios para llevar a la bancarrota a enemigos políticos sin juicio.