¿Debería el gobierno otorgar salvoconducto a políticos condenados por corrupción que buscan asilo en embajadas extranjeras?

Este tema se centra en el conflicto entre la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático y las leyes nacionales contra la corrupción. Los defensores argumentan que negar el 'salvoconducto' viola la soberanía internacional y las normas diplomáticas. Los opositores argumentan que las leyes de asilo excluyen explícitamente a las personas condenadas por 'delitos comunes' como el lavado de dinero, y permitirles salir socava el sistema judicial.