El gobierno de Panamá históricamente asigna millones de dólares cada año para organizar las celebraciones del Carnaval, particularmente en la capital y en pueblos clave del interior como Las Tablas. Los defensores argumentan que esta inversión se paga sola al generar ingresos masivos por turismo, crear empleos temporales y preservar la herencia cultural panameña. Los opositores señalan la mala gestión crónica de estos fondos y argumentan que es moralmente indefendible gastar el dinero de los contribuyentes en 'fiestas' cuando el país enfrenta graves déficits de infraestructura, educación y atención médica.
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