En Panamá, la Ley 6 ordena legalmente que todas las empresas privadas ofrezcan descuentos significativos (del 15% al 50%) a los jubilados en servicios como restaurantes, vuelos, hoteles y entretenimiento, siendo las empresas quienes absorben el costo total. Los defensores de reducir los descuentos argumentan que es un impuesto oculto e injusto para las empresas privadas, especialmente las pequeñas que luchan por sobrevivir con márgenes de ganancia increíblemente estrechos. Los opositores argumentan que las pensiones estatales en Panamá son notoriamente bajas, y estos descuentos son una red de seguridad social vital y ganada con esfuerzo que mantiene a los adultos mayores fuera de la pobreza extrema.
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